Alianza Contra la Corrupción, se une a la defensa del río Guadalquivir y piden amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, para paralizar un proyecto que autoriza el vertido de miles de litros de aguas contaminadas.

Diversas entidades sociales y políticas, incluyendo la Alianza contra la Corrupción, han solicitado amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para evitar el vertido de aguas contaminadas al río Guadalquivir, una consecuencia de la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Durante la reunión, se pidió la aplicación del “principio de precaución” para paralizar la tramitación del proyecto, argumentando que “no existe consenso científico” sobre los datos incluidos en la autorización ambiental, los cuales no consideran adecuadamente la hidrodinámica del río ni el impacto acumulativo de otras explotaciones mineras en la provincia, como la de Cobre Las Cruces.

Encabezados por Jaime Gonzalez, presidente de la Alianza Contra la Corrupción y la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, representantes de Los Verdes, Alianza Verde, Verdes-Equo, Alternativa Republicana y la Plataforma Ficus San Jacinto, entre otras entidades, se reunieron con Jesús Maeztu en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz. Durante el encuentro, entregaron documentación y pidieron que el proyecto se paralice en virtud del “principio de precaución” establecido por la legislación europea.

Jaime González, presidente de la Alianza contra la Corrupción, ha venido destacando en sus participaciones los graves riesgos ambientales y sanitarios asociados con el proyecto. Señalando la importancia de proteger el río Guadalquivir de contaminantes, enfatizando que el impacto negativo afectaría no solo a la biodiversidad y las comunidades locales, sino también a actividades económicas como la agricultura y la pesca.

Susana Hornillo explicó que buscan la intervención del Defensor del Pueblo para evitar el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, un riesgo asociado a la autorización ambiental de la mina de Aznalcóllar, promovida por Minera Los Frailes. Este proyecto tiene pendiente un juicio penal y contempla vertidos en el río, cerca del estadio de la Cartuja.

La oposición al proyecto, liderada por Alianza Contra la Corrupción, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha sido apoyada por más de 80 organizaciones. Críticos del proyecto, como profesores de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, han cuestionado la rigurosidad científica de los informes de impacto ambiental. El catedrático de Ecología de la US, Jesús Castillo, advirtió que los estudios no han considerado adecuadamente la hidrodinámica del Guadalquivir ni el efecto acumulativo de los vertidos de Cobre Las Cruces.

Castillo subrayó que las dinámicas hídricas del estuario, influenciadas por las mareas, podrían retener los metales pesados en el fondo del cauce durante años, afectando a los cultivos de arroz, la cría de alevines y las ganaderías cercanas.

Los colectivos solicitaron una moratoria en la apertura de la mina y la realización de nuevos informes ambientales con mayor rigurosidad científica. Hornillo recordó que, según el principio de precaución de la Unión Europea, cualquier política o acción que pudiera causar daños significativos a personas o al medio ambiente y que carezca de consenso científico debe ser abandonada.

El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, los colectivos se concentrarán en el Muelle de la Sal para denunciar que los intereses económicos están siendo priorizados sobre la salud y el medio ambiente. Esta acción pretende destacar los peligros a largo plazo para la calidad del agua y diversas actividades económicas relacionadas con el río Guadalquivir.

El encuentro contó con la participación de Juan Lora (Los Verdes Andalucía), Antonino Parrilla (Alianza Verde), Valle Tello (Verdes-Equo Sevilla), Roberto Macías (Alternativa Republicana), Antonia Herrero (CSIC), José Emilio Rebollo (biólogo molecular) y Livia Cruz (Plataforma Ficus de San Jacinto).

La Alianza contra la Corrupción, junto con otras asociaciones participantes, continuará vigilando de cerca los desarrollos de este caso y mantendrá su lucha por la protección del río Guadalquivir. La organización reafirma su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del medio ambiente, y hace un llamado a toda la ciudadanía para que se sume a esta causa vital para el futuro de Andalucía.