El Parlamento Europeo y la Comisión Europea, reconocen la displicencia del Gobierno de España, para proteger alertadores de corrupción.

Jaime Gonzalez, presidente de Alianza Contra la Corrupción, denunció al Parlamento Europeo que, las autoridades nacionales, dejaban sin efectos la Directiva Europea, relativa a la protección de personas que informan infracciones al derecho de la Unión al paralizar su transposición.

El pasado día 7 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo, remitió detalles de las actuaciones emprendidas a raíz de la denuncia presentada por la asociación Alianza Contra la Corrupción. Tal y como informamos con fecha 20 de febrero de 2023,  la Comisión Europea, informaba del inicio del procedimiento sancionador abierto contra España por incumplir los plazos de transposición de la Directiva «Whistleblower».

Es necesario destacar de nueva cuenta el conjunto de actuaciones que suscitan la investigación de las autoridades europeas contra el reino de España: Gonzalez Díaz, a nombre de la asociación que representa, interpuso denuncia por la falta de transposición de la Directiva Europea EU 1937/2019 y el incumplimiento del Derecho Comunitario por parte de los organismos jurisdiccionales nacionales.

Fue entonces que el Parlamento Europeo, tuvo conocimiento del manifiesto incumplimiento de los plazos para incorporar la normativa comunitaria a la legislación nacional. La petición quedó registrada con el número 1343/2021. Adjuntando  una serie de casos que, en su opinión, ilustran la corrupción judicial en España, los conflictos de intereses entre el ejecutivo y el poder judicial y el abuso de derecho.

Las petición fue declaradas admisibles el 5 de abril de 2021. Información solicitada a la Comisión de conformidad con la Regla 227(6). La respuesta de la Comisión, fue recibida el 28 de junio de 2022. Advirtiendo de la grave anomalía que se estaba produciendo:

La Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión establece normas mínimas que garantizan un alto nivel de protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la UE en una serie de ámbitos políticos clave. Proporciona canales de denuncia eficaces y ampliamente disponibles y una sólida protección de los denunciantes contra represalias. Como guardiana de los Tratados, la Comisión supervisa la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 y adopta todas las medidas necesarias para garantizar su plena y correcta transposición y aplicación, incluso iniciando procedimientos de infracción, cuando sea necesario. Como España no había notificado medidas que garantizasen la completa transposición de la Directiva en el plazo del 17 de diciembre de 2021, la Comisión dirigió a España, el 27 de enero de 2022, una carta de emplazamiento . Actualmente, la Comisión está evaluando la respuesta del gobierno español para decidir los próximos pasos, incluida la emisión de un dictamen motivado, si fuera necesario

La medida que adoptó la Comisión por el flagrante incumplimiento del derecho europeo, es la siguiente: El 15 de febrero de 2023, presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Alemania, Chequia, España, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia por no haber implementado ni notificado las medidas nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de las personas que informen infracciones del Derecho de la Unión.

Debido a que las respuestas de ocho Estados miembros a los dictámenes fundamentados de la Comisión no fueron satisfactorias, la Comisión ha tomado la decisión de presentar la demanda contra esos Estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Finaliza el comunicado recibido por parte del Parlamento Europeo, con una declaración contundente: La Comisión está decidida a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la plena y correcta transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 en todos los Estados miembros y actualmente está analizando las medidas adoptadas por España para la transposición de la Directiva. Para los activistas de Alianza Contra la Corrupción, la respuesta del Parlamento, es la constatación de la absoluta displicencia del Gobierno de España para proteger a los alertadores de corrupción.

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